El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley de Protección del Origen y de la Calidad de los Vinos de Andalucía, la primera normativa de la comunidad en esta materia y que defenderá al sector ante la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de los vinos. Así lo aseguró el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que recalcó que esta normativa permitirá "defendernos" de la OCM de los vinos, reforma que excluirá a los viñedos que no estén amparados por una denominación de origen.

 En Andalucía hay 37.000 hectáreas de viñedos y un 72 por ciento de esta superficie está amparada por una denominación de origen, de forma que dos tercios de las viñas de esta comunidad autónoma están protegidas ante la OCM, según destacó el consejero.

 

En este sentido, explicó que el marco jurídico que establece la nueva norma servirá para fortalecer la defensa de las denominaciones tradicionales de Andalucía frente al uso fraudulento por parte de operadores extracomunitarios.

 

La ley aprobada hoy permitirá la regulación del sector en el ámbito del nuevo Estatuto de Autonomía, que en su artículo 83 le atribuye competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad.

 

El proyecto de ley se estructura en cinco grandes bloques, que definen las figuras de calidad y sus niveles de protección, la configuración de los órganos de gestión, control y certificación, así como el régimen sancionador.

 

Como novedades, destaca la consideración de los nombres geográficos protegidos, y en especial de las denominaciones, como bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad Autónoma.

 

El proyecto de ley establece distintos niveles de protección, diferenciando entre vinos de mesa, con derecho a la mención Vinos de la Tierra, y vinos de calidad producidos en determinadas zonas. Éstos, a su vez, pueden ser de Calidad con Indicación Geográfica o Vinos con Denominación de Origen (DDOO), que podrá ser calificada.

 

La última categoría corresponde a los Vinos de Pago, inscritos dentro de las denominaciones de origen pero originarios de una zona con características de suelo y microclima propias que los diferencian de otros de su entorno.

 

Respecto a la configuración de los órganos de gestión, el proyecto de ley establece la obligación de los operadores de un vino con indicación geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y, en su caso, Vino de Pago, a inscribirse en un órgano de gestión y someterse a un sistema de control.

 

En el caso de los vinos de calidad con indicación geográfica, los órganos de gestión son de naturaleza privada, mientras en los vinos con Denominación de Origen y Denominación de Origen Calificada se rigen como una Corporación de derecho público, quedando reservado el término 'Consejo Regulador' a estos últimos.

 

Respecto a los sistemas de control y certificación, el texto establece que el control de los vinos de mesa con derecho a mención Vinos de la Tierra se realizará por organismos independientes, mientras que las Denominaciones de Origen podrán optar por organismos independientes o por uno de la Denominación de Origen.

 

Para Denominaciones de Origen, entre otros requisitos, se necesita un reconocimiento previo como vinos de calidad con indicación geográfica de al menos cinco años y de al menos diez años como DDOO para convertirse en DDOO Calificadas.

 

El último bloque de la futura Ley de Protección del Origen y de la Calidad de los Vinos de Andalucía establece medidas cautelares en las inspecciones.

 

Las seis denominaciones de origen reconocidas en la comunidad autónoma y controladas por sus correspondientes consejos reguladores son: Montilla-Moriles, Jerez-Xerès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Condado de Huelva, Málaga y Sierras de Málaga.

 

Además, existen otras zonas productoras protegidas por alguna de las 13 Menciones de Vinos de la Tierra</personname /> que hay en Andalucía: Bailén, Cádiz, Contraviesa-Alpujarra, Laújar-Alpujarra, Norte de Granada, Granada Sur-Oeste, Cádiz, Desierto de Almería, Ribera del Andarax, Sierra Sur de Jaén, Córdoba, Sierra Norte de Sevilla y Los Palacios.

 

Aunque hay viñedos en todas las provincias, las de mayor presencia son Cádiz (10.769 hectáreas), Córdoba (8.982), Huelva (6.540), Granada (5.000) y Málaga (2.658). La actividad vitivinícola aporta alrededor del 3,4% de la producción final agraria en la comunidad autónoma.